La Asociación de Personas Desempleadas de La Palma ''Alpende'' quiere mostrar públicamente su preocupación por las políticas aplicadas por las administraciones públicas en materia de vivienda, quedando constatado que más de 500 familias (Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias) en la isla llevan años esperando el acceso a una vivienda digna, a lo que se añade 200 personas ''sin hogar'' atendidas por ONGs por encomienda de las instituciones públicas locales, y por tanto las actuales políticas aplicadas están violando sistemáticamente el artículo 47 de La Constitución Española, además de la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos; y el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; y en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
Probablemente sean muchas más personas en la isla a las que las administraciones públicas no están dando una respuesta adecuada como se presupone en cumplimiento de su deber, y en base al compromiso adquirido y las promesas promulgadas infinidad de veces.
El contexto en el Estado Español es una deficiencia legislativa que de seguridad y aval para que se facilite también los procesos de alquiler, y el escaso fomento de la construcción de vivienda de protección oficial, hecho este al que tampoco es ajena la Isla de La Palma.
A todo ello se le suma la conflictividad que hay en Canarias con la modalidad de vivienda vacacional, pero que en el caso de La Palma, aún no es relevante, ya que no llegan a 2.000 las licencias aprobadas (menos de 11.000 plazas), y dado que se perdieron numerosas plazas alojativas turísticas tras la erupción volcánica, han venido a cubrir esa oferta-demanda; aunque es clave que se realice una legislación adecuada, esperando que en enero de 2025 esté aprobada.
Desempleo y las pensiones ''en peligro''.
El desempleo estructural en la isla es de más de 6.000 personas, que interrelacionado directamente con la dificultad de acceso a una vivienda digna, se convierte probablemente en el mayor problema social que sufre La Palma, pese a ello, sin respuesta efectiva en las políticas públicas, es tal el desinterés de las administraciones públicas que solamente se ''parchea'' la situación con campañas de contratación temporales, y tampoco se termina por definir el modelo socioeconómico que se quiere para la isla, con una conflictividad social permanente entre colectivos de índole social y medioambiental, y las propias administraciones públicas, con un sector primario ''débil'' basado en la exportación de cultivos como el plátano, aguacate, mangas y próteas, sin una transformación real a mayores cotas de soberanía alimentaria, creando con ello un futuro incierto para cientos de personas trabajadoras y perpetuando la precariedad laboral en muchos casos, en especial en el colectivo de ''cargadores de piñas''.
La falta de reflexión colectiva, y los escasos mecanismos de participación, son motivo suficiente para hacer un llamamiento a la transformación del proceder, para no olvidar que una parte de la población de la isla se encuentra en exclusión social o en riesgo de estarlo, por todo lo anterior, desde ''Alpende'' se quiere reconocer el esfuerzo público, no solamente a las personas que día a día participan en las propias actividades de la asociación, sino a entidades como la ''Acampada Reivindicativa Lolo Dorta'' o la ''Mesa Estatal Para El Blindaje De Las Pensiones" en la defensa de derechos sociales fundamentales. Gracias.
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